Migración
Empadronamiento sin domicilio fijo, el negocio de un derecho que los ayuntamientos se niegan a reconocer

Migración Empadronamiento sin domicilio fijo, el negocio de un derecho que los ayuntamientos se niegan a reconocer

“Llegué a València hace seismeses, y todavía sigo sin poder empadronarme”, declara Andrés (nombre ficticio), que actualmente vive elbloqueo burocrático del servicio de padrón municipal de habitantesen primera persona. Lejos de ser una excepción, su historiademuestra una dinámica burocrática generalizada que impide lainscripción en el padrón a muchas personas sin domicilio fijo y queha convertido el procedimiento en un negocio, afectando especialmentea aquellos colectivos en situación de mayor vulnerabilidad.

“Lasdificultades a las que se enfrentan mucha gente, entre ellas laspersonas migradas, para lograr empadronarse en los municipiosvalencianos donde residen les impiden el acceso a derechos básicos”,explican desde la plataforma València Acull, que hapresentado hace una semana, juntoaotras veinticuatro asociaciones, una queja ante el Síndic de Greuges,el Defensor del Pueblo valenciano, para denunciar “losproblemas de acceso al empadronamiento”. Aseguranque durante la pandemia del covid-19, “el grado de vulnerabilidadde las personas que recurren al procedimiento especial deempadronamiento se ha visto incrementado y necesitan con urgenciapoder acreditar su residencia”.

“Elproblema es la burocratización que hay en torno al empadronamiento,y eso se debe eliminar”, defiende Emili Sánchez, coordinador de laasociación Jarit, que trabaja con personas migradas en València. Lomismo denuncian diversas organizaciones como Reus Refugi, TerrassaSense Murs o Vallès Oriental Volem Acollir, en Catalunya. Laausencia de contrato de alquiler, vivir en régimen de ocupación oen condiciones de infravivienda, en asentamientos, chabolas oespacios ocupados, hacen mucho más difícil el acceso al padrón,que debe facilitarse por parte de la administración local, con elobjetivo de tener un registro real de las personas que habitan encada municipio. Según la normativa, en ningún caso el consistorioentrará a valorar sobre la cantidad de personas ya empadronadas enuna vivienda ni las condiciones de la misma para permitir elempadronamiento.

“El padrón debe reflejar el domicilio donde realmente vive cada vecinodel municipio. De la misma manera que la inscripción padronal escompletamente independiente de las controversias jurídico-privadassobre la titularidad de la vivienda, lo es también de lascircunstancias físicas, higiénico-sanitarias o de otra índole queafecten al domicilio”, establece la resolución publicada el pasado2de mayo en el BOE,que recoge y recuerda las instrucciones técnicas que deben seguirlos ayuntamientos en la gestión del padrón municipal. Mecanismosque ya estaban vigentes desde 2015,yque establecenque las infraviviendas, e incluso la ausencia total de techo “puedeny deben figurar como domicilios válidos en el padrón”.

Así pues, los documentos necesariospara presentar la solicitud deben servir únicamente para mostrar que,efectivamente, una persona vive en un domicilio concreto. “Enningún caso se debe exigir la firma del propietario en una solicitudde empadronamiento. Mucho menos las escrituras del piso”, denunciandesde el colectivo Reus Refugi. De hecho,en los casos de especial vulnerabilidad, la norma ya prevé lasformas de corroborar el domicilio a través de un informe de losservicios sociales o de la Policía Local.

“Hayun procedimiento para empadronarse sin domicilio fijo, en el que laadministración debe comprobar que tú vives donde dices que vives, yasea en un asentamiento, una fábrica abandonada, una chabola o unbanco”, explica Fani Barás, trabajadora social en València Acull.Estacomprobación debe realizarse con el único objetivo de confirmar ladirección habitual de la persona que solicita el padrón y, portanto, nunca podría traducirse en otro tipo de intervenciones. “Noshemos encontrado con situaciones donde la policía, además decomprobar la dirección, después te denuncia porque estas ensituación de irregular o en una vivienda ocupada”, denuncia Barás.En este sentido, dada lacriminalización de la migración y de la pobreza, las organizacionesapuntan que los servicios sociales son una figura “mucho máspropicia para establecer una relación de cercanía con esarealidad”.

Migración
Empadronamiento sin domicilio fijo, el negocio de un derecho que los ayuntamientos se niegan a reconocer

Serviciossociales que, según reclaman las organizaciones tanto catalanas comovalencianas, están en situación de “colapso” por la falta derecursos y personal, aunque esa sobresaturación nunca debe ser unaexcusa para no empadronar a través de este procedimiento. “Pareceque ninguno quiere respetar el derecho a empadronarse sin domiciliofijo por un hipotético efecto llamada. Es un argumento que nosparece aberrante”, respondía con rotundidad la plataforma TerrassaSense Murs en un comunicado.

Segúnafirma Laia Costa Gay, activista jurídica en Fundació Ficat, unaentidad de acompañamiento y asesoramiento jurídico; y en VallèsOriental Volem Acollir, existen resoluciones, instrucciones ysentencias que establecen el procedimiento a seguir “sin ningunacontroversia jurídica”, pero en la práctica son muy pocos losayuntamientos que lo permiten. “Las personas que viven en unmunicipio están obligadas a inscribirse en el padrón. No se tratade un derecho que puedo ejercer si quiero. Es una obligación quetenemos como ciudadanas y los ayuntamientos están impidiendorealizarla”, añade Costa, haciendo referencia a este impedimentocomo un mecanismo claro de burorrepresión.

Desdeel Ayuntamiento de Terrassa, aseguran que están trabajando paraempadronar a todas las personas, aunque inciden en que es necesariodisponer de un contrato de alquiler. Por el contrario, desde TerrassaSense Murs subrayan: “No es cierto que se esté empadronando atodos y todas las vecinas migradas en la ciudad de Terrassa. Hablamosde casos en los que no han podido acreditar con ningún documento sudomicilio de residencia, hecho que no ha de ser un impedimento parahacer efectivo el padrón”. Además, junto a otros colectivos, comola PAH, piden al consistorio una rectificación pública por unaintervención que se hizo en TV3, afirmando que era necesario aportarel contrato de alquiler, declaraciones “que chocan frontalmente conla normativa vigente”.

EnReus, el pasado 5 de mayo, también se preguntó en el Pleno delAyuntamiento sobre el procedimiento y los requisitos para poderempadronarse en la ciudad, especialmente en los casos de personas ensituación de precariedad. “En nuestro municipio no estamosvulnerando los derechos de las personas que pretenden empadronarse”,respondían desde el Ayuntamiento. Horas después, el colectivo ReusRefugi manifestaba su malestar con la siguiente declaración: “Sise afirma que en Reus no se están vulnerando los derechos de laspersonas que quieren empadronarse, ¿por qué tenemos testimonios queafirman que sus peticiones han sido rechazadas, por ejemplo, por nopoder conseguir la firma del propietario del piso donde viven?”.

Barcelonaes uno de los pocos ayuntamientos que facilita este tipo de trámite.Ya en 2018 se incluía una explicación del procedimiento que se hade seguir para empadronarse, aunque no se pueda acreditardocumentalmente el domicilio o no se tenga domicilio fijo, segúnestablece el documento Seguimentdel Circuit d'empadronament a Barcelona.“En este caso, la persona hace una solicitud para que elAyuntamiento realice las gestiones que considere necesarias con talde comprobar la residencia declarada”, añade el documento. En elcaso de València, tan solo unos meses antes del inicio del estado dealarma, se había conformado una mesa de trabajo para coordinar atodos los servicios municipales implicados en el trámite del padrón.Trabajo que quedó paralizado por la irrupción del covid-19, aunquelos colectivos sociales esperan que se retomen con urgencia yrecuerdan que son medidas que se deberán hacer efectivas en todoslos municipios, según lo establece la normativa vigente.

EL negocio del empadronamiento

Los colectivos y organizaciones quedefienden el derecho al empadronamiento y trabajan con personasmigradas coinciden en denunciar que, a causa de los impedimentosadministrativos, se ha ido generando, desde hace años, un negociofraudulento, en el que se paga dinero a terceras personas para poderempadronarse. “Nos han llegado muchos casos de personas a las queles han cobrado para firmarle o permitirle empadronarse en unamunicipio”, denuncia Barás. “Se les pide pagar más por elalquiler o se les cobra desde un principio para facilitarles ladocumentación, presionando y explotando a las personas”, añadeSánchez.

Solohace falta buscar en los portales más conocidos de alquiler dehabitaciones o viviendas para encontrarse con esta realidad paralelaen el mercado delempadronamiento. “Hemosconocido casos de personas que se ven obligas a pagar hasta 400 euros para que alguien les empadrone”, señalan desde València Acull.Así, la necesidad del padrón termina siendo objeto de negocio yfraude, por las trabas y la falta de información por parte de losfuncionarios y de las administraciones.

Famara,que también prefiere utilizar un nombre ficticio, tuvo que pagarpara poder empadronarse. “Le tuve que pagar 250 euros a un chico queme hizo el contrato de alquiler para empadronarme. He comprado miempadronamiento”, narra. Vive desde 2017 en Catalunya, pero solohace un año que consiguió empadronarse. En algunos casos, se tratade un pago único para obtener la documentación que el ayuntamientoexige. En otros, el derecho a empadronarse en una vivienda se paga,incluso, mes a mes. “Me llegaron a pedir que pagara 50 euros máscada mes para tener acceso a empadronarme”, explica Andrés, quesigue sin poder empadronase en València.

Elcaso de Serigne es similar. Las trabas para empadronarse en Mataró(Maresme), el municipio en el que vive desde 2018, le siguenimpidiendo el acceso al padrón. “El Ayuntamiento me rechaza lasolicitud, me pide documentos que no tengo. Desde que llegué estoydiciendo que necesito el empadronamiento, pero me dicen que sí yluego que no. Nunca me responden por escrito”, reclama.

El empadronamiento como puerta de derechos

Más allá del valorintrínseco del empadronamiento, como documento de entrada en elregistro de vecinos y vecinas que viven en un territorio, lainscripción es un paso esencial para que se vean reconocidos en lapráctica otros derechos fundamentales, como son el acceso a laeducación, al sistema de salud o a las medidas actuales para hacerfrente a los efectos socioeconómicos de la pandemia, ya que la granmayoría de estas personas se encuentran en situaciones de extremaprecariedad.

“Sila persona no está inscrita en el padrón, no puede solicitar ayudasa las distintas administraciones ni participar en programas deinserción laboral o formación. Pero, además, no se beneficia delos derechos básicos del sistema de protección social, como lasanidad y la educación públicas”, denuncia el escrito presentadoal Síndic de Greuges por València Acull. Sin empadronamiento, estaspersonas tampoco pueden acceder a ingresos mínimos como a la RentaValenciana de Inclusión, que exige demostrar unempadronamiento de al menos un año. Además, “estar registrado enel padrón es clave para obtener el permiso de residencia por arraigosocial”, añade el documento.

Alcontrario de lo que muestra la realidad, el empadronamientodebería funcionar como “un mecanismo de inclusión y convivencia,es decir, un instrumento para garantizar los derechos y deberes delos ciudadanos y ciudadanas de un municipio, facilitando losderechos universales fundamentales. Y en el caso de personas migradassin permiso de residencia, para poder acreditar el tiempo deresidencia en el Estado y regularizar su situación”, explicandesde la plataforma Vallès Oriental Volem Acollir en un escritodirigido en todos los ayuntamientos de la comarca.

Terrassa sense Murs pide al gobiernoque informe “claramente” sobre el procedimiento que se ha deseguir para empadronarse cuando no se dispone de un domicilio fijo,con el objetivo de evitar retrasos y poder identificar las malasprácticas. A través de un comunicado, también exigen que elempadronamiento debe funcionar como una radiografía de lasdesigualdades existentes, “a las que contribuye el sistemaeconómico, político y social, del cual los ayuntamientos formanparte”. Esta radiografía “debería servir a las instituciones ya los gobernantes para que prioricen con sus políticas a laspersonas y pongan la vida en el centro de una vez por todas”,concluyen.

La directaArtículo publicado originalmente en català en La Directa