La oficina de Defensoría de las Personas con Impedimentos está sin una persona que la dirija en propiedad, mientras que su consejo consultivo está corto de tres nombramientos que el gobernador Pedro Pierluisi no ha hecho y, además, el Senado ha incumplido con las promesas de investigar asuntos que afectan a esta población.
Estas fueron algunas de las denuncias que realizó ayer la Coalición Amplia de Diversidad Funcional por la Igualdad (Cadfi), en una manifestación en la plazoleta norte del Capitolio denominada “Maratón de la justicia”.
El grupo -que agrupa múltiples organizaciones y líderes comunitarios- también denunció trabas en el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) para tramitar los permisos especiales de estacionamiento, así como procesos altamente onerosos y complejos para aquellas personas que tienen condiciones crónicas incurables.
David Figueroa, presidente de la coalición, aseguró que los municipios y otras agencias tampoco están haciendo lo que les corresponde, por lo que se han entablado nueve recursos judiciales ante el Tribunal Federal.
“Nos hemos cansado de decirle al gobierno lo que tiene que arreglar. Siempre les llevamos nuestras propuestas, pero ninguna de ellas se atiende”, lamentó Figueroa, quien depende de una silla de ruedas para poder moverse.
En la década pasada, la oficina a cargo de velar por el cumplimiento de las leyes y reglamentos que protegen a las personas con impedimentos ha perdido el 75% del presupuesto, según una investigación reciente de EL VOCERO.
Lo que ahora se conoce como la Defensoría de Personas con Impedimentos perdió también más del 25% de los sobre 80 empleados que tenía hace 10 años.
Gabriel Corchado es director interino de la agencia desde diciembre de 2017. La agencia está en sindicatura desde 2016.
Para la coalición, es hora de que se nombre alguien en propiedad, así como las tres personas que deben integrar el consejo consultivo de la defensoría.
Mirta Colón Pellicier, secretaria de Cadfi, indicó que el mandatario conoce de la situación porque se le envió una carta y desde la oficina que trabaja los nombramientos en La Fortaleza se comprometieron a hacerle llegar la información.
“Estamos haciendo lo que no hace la Defensoría de las Personas con Impedimentos ni el gobierno, a pesar de que nosotros no recibimos el dinero que esa oficina recibe”, afirmó Figueroa, al tiempo que sostuvo que en 10 años esa oficina apenas ha llevado un caso a los tribunales, mientras que ellos han iniciado distintas acciones contra el municipio de Toa Alta, la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) y la Clínica Las Américas por diversas situaciones que les afectan.
El reclamo al Senado no es para que haga nuevas leyes, porque opinan que las existentes, en su mayoría, proveen las directrices claras para mejorar la calidad de vida de las personas con impedimentos.
Lo que buscan es que se investigue el funcionamiento de la Administración de Rehabilitación Vocacional y que se haga una vista ocular en su centro de rehabilitación en Río Piedras porque entienden que no están cumpliendo con el ofrecimiento de servicios como las terapias físicas, la construcción de prótesis o las clases de conducir adaptadas.